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GAS x REDES & GLP
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NOTA DE TAPA
Bomba
Tanto el Gobierno Nacional como la
oposición no saben bien cómo desacti-
var la bomba que es toda esta maraña
de subsidios cruzados, que sustentan
tarifas y servicios públicos.
Si se sincera de golpe, como fue a una
parte de los consumidores de gas, la
alteración y la protesta se incrementarí-
an de una manera extraordinaria. Si se
mantiene los subsidios, las cuentas
públicas terminan de desbarrancar.
El punto de equilibrio: sincerar que las
buenas épocas terminaron y todos
deberemos bañarnos por las aguas de
la realidad, es decir aceptar tarifas
acordes a parámetros internacionales.
Esto previa explicación y comunicación
por parte del Gobierno.
¿Pero será solución de este Gobierno
que aún mantiene la tesitura de que no
perdió las elecciones pasadas? Algu-
nos escépticos sostienen que eso sería
que ellos mismos tomaron aceite de
ricino, cuestión poco probable.
todo el país, el 18% del total de hogares abaste-
cidos por red. El resto del año, se ampliaría al
31% de los hogares. La composición de esos
hogares es gente de clase media y media alta.
Es así que la clase media, en el marco de un
incesante aumento de otros servicios, gritó fuer-
te y "Clarín acompañó con varias tapas que
logró poner el tema en el tapete", se lamentó un
ejecutivo de una de las distribuidoras del servicio.
No hay dudas que el Grupo Clarín quiere desho-
jar al Gobierno todo lo que más puede a partir de
una guerra aguda por dinero e influencia de
poder que tiene el con el oficialismo.
También, esta zozobra tuvo en la Justicia otro
terreno de batalla. Es así que el "cargo" acumu-
la alrededor de 20 fallos en contra en la Justicia
, y que abarcan a unos 500.000 usuarios, en tri-
bunales de Buenos Aires (Campana, Avellaneda
y Escobar), Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz,
Tucumán y Córdoba (Río Cuarto). En esos casos
se suspendió su cobro. La Justicia aún debe
expedirse sobre la cuestión de fondo de todas
las presentaciones hechas en los tribunales: si el
polémico cargo es constitucional o no, pues el
fallido aumento salió a partir del decreto
2067/08 sin pasar por el Congreso y las audien-
cias públicas como marca la Ley 24.066, que
establece el marco regulatorio del gas.
"La sociedad se resiste a pagar precios lógicos.
Se acostumbró a precios bajos como fue en los
últimos cinco años. La energía que paga es
barata y no quiere ver que al productor se le
paga poco (comparado con los precios interna-
cionales). Entonces, mantener estos precios pro-
voca la imposibilidad de sostener todo el siste-
ma", señala con agudeza Barreiro.
El Gobierno con este aumento quería recaudar
unos 1.100 millones de pesos y bajar los mon-
tos, en forma de subsidios, que van a la petrole-
ra pública Enarsa, una oficina de contrataciones,
para la compra de gas de Bolivia o el tipo GNL,
que llega en barco.
De hecho este año le giró $740 millones menos.
Entonces, lo que parecía el fin de la "fiesta de las
tarifas desacopladas", todavía continua, con los
493 millones de pesos que costará la suspen-
sión del aumento tarifario. Las cuentas públicas
no soportan la eterna maraña de subsidios.
La crítica fuerte es que el Gobierno quiso
aumentar, de manera abrupta, en un 260% pro-
medio de un día para el otro. Lo que debió ser
una política y comunicación de sinceramiento
tarifario después de la devaluación de 2002,
ahora se convirtió en un mazazo en el bolsillo de
la clase media. Y así respondieron ante el tarifa-
zo, judicializándolo.
La burbuja de los precios bajos parece que tien-
de a desaparecer porque cayeron los ingresos
fiscales que sustentaban la fantasía. Esa fantasía
en algún momento tendrá que ser asumida por
los consumidores. Algo que siempre debió ocu-
rrir y el Gobierno nunca quiso sincerarlo.